“El pasado 19 de febrero los sindicatos abajo firmantes nos reunimos con el propósito de llegar a un acuerdo de colaboración y apoyo a la Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal (CEPPT), en su lucha contra el abuso de la temporalidad en las Administraciones Públicas (AAPP) y por la fijeza del todo el personal público en abuso de temporalidad.
La situación en la que se encuentra este personal es de total indefensión y vulnerabilidad ante unas AAPP que pretenden resolver la temporalidad, desde hace años cuestionada por la jurisprudencia de la Unión Europea, estabilizando únicamente plazas, mediante procesos selectivos ordinarios donde no se reconoce convenientemente la experiencia y profesionalidad de las personas que las llevan ocupando desde hace décadas en situación de abuso de la temporalidad, y sin sancionar en modo alguno la desidia de las autoridades, que han permitido que esta problemática se agravase hasta llegar a la actual situación de zozobra y precariedad que viven cientos de miles de personas empleadas y empleados públicos.
A esta situación hay que añadir la especial beligerancia de los sindicatos mayoritarios firmantes del “Acuerdo para la Mejora del Empleo” de 2017 con el ministro Cristóbal Montoro. Lejos apoyar las reivindicaciones de las trabajadoras y trabajadores víctimas del abuso de temporalidad y de exigir a las diferentes Administraciones responsabilidades por el incumplimiento de la obligación de convocar las ofertas de empleo con la periodicidad prevista y de aplicar una tasa de reposición acorde con la creación de empleo, se han embarcado en una carrera académica y editorial de preparación de oposiciones, para afianzar así su práctica clientelar.
Ante este panorama, el personal interino y temporal, se ha visto obligado a auto organizarse en diferentes entidades (plataformas, asociaciones y sindicatos de interinos/as) como mecanismo de presión para exigir a las instituciones que cumplan con su obligación según la normativa europea. Pero estas organizaciones se están encontrando con que ni el poder ejecutivo tiene la voluntad política de promover la iniciativa legislativa que permita a las Administraciones la regularización mediante la fijeza a este personal, como sanción al abuso de la temporalidad, y ni el poder judicial aplica la doctrina europea: la sentencia del 19 de marzo de 2020 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha quedado en papel mojado, ya que es ignorado en todas las sentencias de cualquier instancia judicial.
El personal temporal de la Administración no solo está abocado a un despido/cese libre y gratuito, sino que está condenado a la exclusión social. Superar un proceso selectivo después de tantos años, con situaciones personales propias de una plantilla envejecida y feminizada -que en muchos casos supera ampliamente los 50 años de edad-, con mayores y menores dependientes, trabajo a jornada completa, etc., y el no reconocimiento de la experiencia y la profesionalidad si no se supera un examen en el que no se concurre en igualdad de condiciones, condena a más de 800.000 familias a vivir de ayudas y subsidios ante la más que probable exclusión laboral, agravada por el contexto político y social de crisis económica debido a la pandemia del Covid.
Por ello, las organizaciones firmantes de este comunicado queremos apoyar y reforzar la lucha de este colectivo, trabajando conjuntamente con CEPPT en un calendario de movilizaciones en el que exijamos a todas las instituciones que eviten la catástrofe social que supondría el despido/cese de casi un millón de trabajadores/as, haciendo una regularización extraordinaria para hacer fijo a todo este personal en abuso de temporalidad, lo cual es también la mejor garantía para mantener unos Servicios Públicos de Calidad.
También exigimos a todas las instituciones:
- La paralización inmediata de los falsos procesos de estabilización, contrarios al derecho comunitario y a la justicia social, sin perjuicio de la continuidad de las OPES para cubrir todas las plazas vacantes no ocupadas por personal en abuso de temporalidad.
- Suspensión de todo cese o despido hasta la regularización de las personas en abuso. Anulación de ceses y despidos ilegales recurridos, con readmisión y mantenimiento en el empleo hasta resolución administrativa o judicial.
- Estabilización efectiva mediante regularización administrativa conforme a derecho estatal y comunitario, de todo el personal público en abuso de la temporalidad, ya sea funcionario, laboral, estatutario o indefinido no fijo por sentencia.
- Apertura inmediata de una mesa de diálogo Gobierno-representantes de los colectivos representativos de la lucha de este colectivo, para instrumentar un nuevo acuerdo que sirva de verdad para la mejora del empleo público.
- Tasa de reposición real del 100%, sin engañar a quienes quieren acceder al empleo público, que cubra por oferta ordinaria bajas de efectivos y, paralelamente, recuperación de forma progresiva todas las plazas que se han ido perdiendo estos años. Esta es la única vía para crear empleo público estable y de calidad, y acabar con la actual infradotación de muchas plantillas, que incide en la calidad del servicio público, como esta pandemia está demostrando.
- Reversión a manos públicas de las prestaciones que distintos Gobiernos han ido privatizando en estos años, con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas, empeoramiento de la calidad de la atención a la ciudadanía y aumento de la precariedad laboral en los Servicios Públicos básicos.
- Igualdad de condiciones de trabajo y de trato entre personal temporal y fijo de las Administraciones Públicas.
- Puesta en marcha de un plan estatal de inspecciones en las Administraciones Públicas para acabar con el abuso de temporalidad en el empleo público.”
